La decisión del Gobierno de retrasar hasta 2027 la entrada en vigor obligatoria de Verifactu, el nuevo sistema de facturación conectada con la Agencia Tributaria, ha sacudido el calendario de digitalización de autónomos y pymes. El cambio da un respiro a los negocios menos preparados, pero también ha generado incertidumbre y dudas sobre su impacto en la lucha contra la morosidad empresarial.

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Un respiro en plazos… pero no en impagos

Verifactu estaba llamado a convertirse en una pieza clave para controlar la facturación en tiempo real y reducir el fraude, pero también para vigilar mejor los plazos de pago. El aplazamiento supone que las empresas que tributan por Impuesto de Sociedades no estarán obligadas a adaptarse hasta el 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2027.

Para muchos pequeños negocios, el anuncio ha sido un alivio: el coste de cambiar de software, formar al equipo y revisar procesos no es menor, especialmente en un contexto en el que los impagos y retrasos siguen tensionando la tesorería. Sin embargo, las asociaciones que sí se habían adelantado al cambio denuncian una sensación de “agravio comparativo”: quienes invirtieron y se adaptaron a tiempo ven cómo el cumplimiento temprano no se ve recompensado.

Mientras se discute el calendario, la realidad es que la morosidad no espera. En sectores como la construcción, el transporte, la hostelería o los servicios B2B, sigue siendo habitual que las facturas se cobren muy por encima de los 60 días máximos que marca la ley. Para una pyme, esa brecha se traduce en pólizas más caras, proyectos que se posponen y, en casos extremos, cierres definitivos.

Qué es realmente Verifactu y por qué importa para el cobro de deudas

Verifactu forma parte de los llamados Sistemas Informáticos de Facturación (SIF). En la práctica, obliga a que el software con el que un negocio emite facturas garantice la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los datos. Cada factura quedará registrada de forma segura y, si el contribuyente lo decide, podrá enviarse en tiempo casi real a la Agencia Tributaria.

Entre las características que más impactan en el día a día de pymes y autónomos destacan:

• Registro inmediato de cada factura o ticket en el sistema de facturación.
• Prohibición de borrar o manipular facturas sin dejar huella: si hay errores, se corrigen con una factura rectificativa.
• Posibilidad de incluir códigos identificativos (como QR) que facilitan el control y la verificación.
• Estandarización de formatos para facilitar inspecciones y cruces de datos.

Aunque su objetivo principal es antifraude, Verifactu también aporta armas frente a la morosidad. Con facturas más trazables, resulta más sencillo demostrar cuándo se emitió, qué se entregó y qué plazos de pago se pactaron, algo clave cuando se reclama un impago por vía amistosa o judicial.

Ley Crea y Crece, factura electrónica y control de plazos de pago

El aplazamiento de Verifactu no frena otra gran pata de la reforma: la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales, impulsada por la Ley Crea y Crece. Esta normativa busca reducir la morosidad obligando a que las operaciones B2B queden registradas en formato electrónico, con estados de factura (enviada, aceptada, pagada, rechazada) y datos fácilmente auditables.

La factura electrónica permitirá:

• Detectar de forma más rápida los atrasos de pago y los clientes reincidentes.
• Generar informes automáticos de edad de saldos y facturas vencidas.
• Documentar mejor las reclamaciones amistosas y judiciales.
• Facilitar el acceso a financiación basada en facturas (factoring, confirming, anticipo de facturas), al tener información más fiable.

En paralelo, los borradores de reglamento contemplan mecanismos de control de plazos de pago que obligarán a las empresas a informar de cuánto tardan en abonar las facturas a sus proveedores. Esta información podría utilizarse para identificar malos pagadores crónicos y penalizar esas prácticas en licitaciones o ayudas públicas.

Morosidad: el problema que no se aplaza

Mientras la normativa avanza a golpe de decreto y prórroga, las pymes continúan lidiando con un escenario en el que vender no siempre equivale a cobrar. Muchas empresas reconocen que tienen facturas a 90 días o más, y que parte de su tiempo se consume en:

• Enviar recordatorios y burofaxes a clientes.
• Negociar calendarios de pago cuando la deuda ya está vencida.
• Coordinarse con despachos o empresas de recobro para iniciar procedimientos.

En este contexto, el retraso de Verifactu puede interpretarse como una oportunidad o como una trampa. Es un margen de tiempo para adaptar sistemas, pero también el riesgo de seguir aplazando decisiones clave sobre cómo se factura, cómo se controla el riesgo de crédito y cómo se reclaman los impagos.

Qué deberían hacer pymes y autónomos en 2025 pese al aplazamiento

Aunque la obligación legal se desplace a 2027, los expertos coinciden en que esperar al último momento no es buena estrategia. De cara a los próximos meses, muchas empresas están trazando un plan en tres fases:

• 1. Auditoría del sistema de facturación actual: revisar si el programa que utilizan hoy será compatible con Verifactu y con la factura electrónica obligatoria, y si permite gestionar estados de factura, vencimientos y envíos automáticos.
• 2. Mejora de procesos de cobro: implantar circuitos claros de facturación (pedido → entrega → factura → recordatorios), con responsables definidos y calendarios de seguimiento de impagados.
• 3. Profesionalización del recobro: valorar el apoyo de empresas especializadas en cobro de deudas para los casos más complicados, especialmente cuando las facturas ya superan ampliamente su fecha de vencimiento.

Cuanto antes se asuma que el futuro pasa por un control digital y trazable de las operaciones, más sencillo será encajar sin trauma la transición a Verifactu y a la factura electrónica plena.

Riesgo y oportunidad: usar Verifactu para reforzar la cultura de pago

La gran duda es si la combinación de Verifactu y la factura electrónica obligatoria servirá realmente para reducir la morosidad o si las malas prácticas encontrarán nuevas formas de camuflarse. Lo que sí parece claro es que el nivel de transparencia será mayor: quedará registro de cada factura, sus estados y sus plazos.

Para las empresas que pagan puntualmente, esto puede convertirse en un activo reputacional: demostrarán, con datos, que cumplen con sus proveedores. Para aquellas que utilizan sistemáticamente a sus suministradores como “banco gratuito”, la nueva trazabilidad puede poner el foco sobre su comportamiento.

En paralelo, las pymes que apuesten pronto por sistemas compatibles con Verifactu y por una gestión de cobros más profesional estarán mejor posicionadas para:

• Negociar financiación en mejores condiciones, gracias a informes de facturación y cobro más fiables.
• Acelerar el recobro de impagados, al disponer de documentación sólida desde el primer día.
• Optimizar sus flujos de caja y reducir la dependencia de pólizas y descubiertos.

Conclusión: la prórroga no es una pausa para la morosidad

El aplazamiento de Verifactu hasta 2027 no cambia el problema de fondo: la morosidad sigue siendo una amenaza directa para la supervivencia de miles de pymes. Lo que sí cambia es el margen de maniobra para que los negocios se organicen, elijan el software adecuado y revisen de arriba abajo su estrategia de facturación y recobro.

Usar estos dos años como excusa para no hacer nada puede salir caro. Aprovecharlos para ordenar los procesos de cobro, digitalizar la facturación y preparar la adaptación a Verifactu puede marcar la diferencia entre una empresa que sufre cada impago como un golpe mortal y otra que gestiona la morosidad con método, datos y herramientas profesionales.