Ya hacen más de 5 años desde que se impuso la ley de tasas

judiciales mediante la cual las empresas de nuestro país que reclamaban más de 2.000€, debían de liquidar el

importe de 100€ de fijo más el 0,5% de

variable sobre la base imponible de la deuda que se reclamaba.

A finales del año 2015, se derogaron estas tasas para los

profesionales autónomos, comunidades, de vecinos, propietarios y particulares

no deberían de sufragar esta tasa aunque el importe reclamado excediese los

2.000€.

De este modo, únicamente fueron las empresas las que

tuvieron desde la reforma de 2015 la obligatoriedad de pago de la tasa judicial

para la reclamación judicial de sus impagos.

Esta reforma judicial a la que muchos apodaron “El Tasazo”, también parece estar en un

punto en el que su derogación afecte también a las empresas y cuya erradicación

del sistema judicial podría ser visible durante el tercer trimestre de este

año.

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