Los continuos fracasos del anterior Gobierno socialista para tratar de inyectar liquidez en diversos sectores a través del ICO y, posteriormente, intentar que la elevada morosidad de las administraciones públicas dejase de asfixiar a sus diferentes proveedores no ha desanimado al equipo económico de Rajoy para volver a echar mano de la agencia financiera estatal con el fin de reducir la bolsa de facturas por pagar.

Pero para que no se repita el mismo resultado, el Ejecutivo popular dará un nuevo enfoque a los préstamos: no serán las administraciones morosas las que recurran al ICO para poder normalizar sus plazos de pago, sino que la iniciativa corresponderá a los propios proveedores, es decir, los acreedores, quienes podrán reclamar lo que se les adeuda sin tener que pasar por las tediosas ventanillas habituales.