Entre las cuestiones que hoy se planteen sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal, hay una que desde luego tendría un mayor impacto en la actividad económica: que las diferentes administraciones públicas liberasen toda o parte de la deuda que mantienen con sus proveedores.

Las constantes denuncias de diferentes sectores empresariales sobre el cuello de botella que generan los reiterados impagos por parte del sector público, junto a la presión que llega desde la Comisión Europea para que España se sume a lo que han hecho otros socios comunitarios y acelere la entrada en vigor de la directiva contra la morosidad, podrían provocar que el Ministerio de Hacienda ponga en marcha una solución de urgencia.