La última subasta de deuda del año concluyó con un importe adjudicado, 3.877 millones, próximo al máximo previsto por el Tesoro. La mayor parte se ha concentrado en las letras a tres meses, para evitar el mayor incremento del coste en los títulos a 6 meses. De cara ya a 2011, la ministra de Economía asegura que «no vamos a tener dificultades de financiarnos el año próximo».

El Tesoro ha logrado cerrar el capítulo de emisiones de deuda en 2010, y lo ha hecho además con una contención en los costes en las letras a 3 meses. De ahí también que 3.000 de los 3.877 millones de euros adjudicados hoy se hayan concentrado en las letras a más corto plazo.

Fuente: Expansión.com

El organismo europeo quiere cubrirse de potenciales problemas derivados de la adquisición de bonos gubernamentales. España tendría que dedicar en torno a 478 millones de euros.

La crisis de la deuda pública ha alcanzado al Banco Central Europeo (BCE). La institución monetaria europea podría recapitalizarse como una medida de protección ante las compras de deuda gubernamental que ha ido realizando en los últimos meses, según publicó ayer Reuters.

El BCE tiene actualmente un capital de 5.800 millones de euros. Se especula con la posibilidad de que el organismo duplique estos activos. De ser así, Alemania tendría que responder con más de 1.000 millones y España –el quinto país con mayor peso en el BCE– con 478 millones, de seguirse los criterios marcados hasta ahora.

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La prima de riesgo de la deuda soberana española, que depende del diferencial entre la rentabilidad del bono español a diez años y la del alemán del mismo plazo, subía hoy al inicio de la sesión en el mercado secundario hasta los 227 puntos básicos.

Esta subida se produce después de que la Comisión Europea considerara ayer que el presupuesto de Irlanda para 2011 está en línea con los compromisos de austeridad del Gobierno y reconociera que el recorte -de unos 6.000 millones de euros- será «duro», pero «necesario» para recuperar la estabilidad.

Asimismo, la Comisión Europea anunció su intención de endurecer las sanciones aplicables al sector financiero, incluidas penas de cárcel, y armonizar los distintos regímenes sancionadores de los estados miembros para desincentivar los abusos detectados durante la crisis financiera.

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