La Caja de Ahorros del Mediterráneo sufrió en el 2011, el año de su intervención por el Banco de España, un fuerte deterioro en su gestión, que provocó que la morosidad de sus clientes se disparara del 9 al 23,6%.

En el amplio informe anual remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de casi 450 páginas, se atribuye este incremento a la crisis, pero también a la «reducción de la actividad de seguimiento y control» de los créditos en el primer semestre del año.

Fue precisamente el periodo en el que la caja estuvo gestionada por la directora general, Maria Dolorés Amorós, y su equipo, hasta que fueron destituidos por el Banco de España el 22 de julio de 2011.

La portavoz del PP en el Parlamento andaluz y número 1 por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Esperanza Oña, ha afirmado este miércoles que los impagos de la Junta de Andalucía a los centros especiales de empleo, que alcanzan los 15 millones de euros, «pueden dejar sin trabajo a más de 2.000 discapacitados en toda la región».

Así, ha señalado en rueda de prensa que en Andalucía existen hasta 400 centros especiales de empleo «que van a tener que cerrar porque la Junta no cumple con los pagos, además de que muchos de los discapacitados empleados llevan meses sin cobrar».

Oña ha realizado estas declaraciones tras una reunión mantenida con representantes de una serie de colectivos de discapacitados intelectuales junto a la portavoz de Sanidad del PP-A en la Cámara andaluza, Ana Corredera.

Los continuos fracasos del anterior Gobierno socialista para tratar de inyectar liquidez en diversos sectores a través del ICO y, posteriormente, intentar que la elevada morosidad de las administraciones públicas dejase de asfixiar a sus diferentes proveedores no ha desanimado al equipo económico de Rajoy para volver a echar mano de la agencia financiera estatal con el fin de reducir la bolsa de facturas por pagar.

Pero para que no se repita el mismo resultado, el Ejecutivo popular dará un nuevo enfoque a los préstamos: no serán las administraciones morosas las que recurran al ICO para poder normalizar sus plazos de pago, sino que la iniciativa corresponderá a los propios proveedores, es decir, los acreedores, quienes podrán reclamar lo que se les adeuda sin tener que pasar por las tediosas ventanillas habituales.

El Banco de España aceptará préstamos como activos de garantía adicionales en las operaciones de política monetaria del eurosistema, según acaba de comunicar el regulador.

Esta medida se enmarca dentro de la decisión tomada por el Consejo de Gobierno del BCE de permitir temporalmente a cada banco central nacional que lo desee que flexibilice estas garantías.

El Banco de España aceptará préstamos al corriente de pago a empresas y organismos del sector público, que no sean préstamos hipotecarios, denominados en euros o en otras de las principales monedas, cuyo riesgo de crédito estimado, según Banco de España, tenga probabilidad de impago igual o inferior al 1%. No obstante, inicialmente sólo aceptará activos de garantía con una probabilidad de impago igual o inferior al 0,4%.

La ampliación de las líneas ICO en 15.000 Millones de Euros por parte del gobierno permitirá a empresas afectadas por la morosidad pública volver a refinanciarse.

De este modo, los prestamos ICO que empezarán a concederse a partir del próximo mes de marzo supondrán una nueva vía de financiación para aquellas empresas con problemas de liquidez y déficit monetario. Una de las claras medidas acordadas por el gobierno para combatir la morosidad de ayuntamientos y otros organismos con un rating de deuda de más de 30.000 Millones de Euros en la actualidad, cifra que duplica a las líneas concedidas.

Pedir un ICO tendrá una tramitación más sencilla este año, puntos de información empresarial para recogida de documentación y gestión de crédito se pondrán a disposicion de empresas y profesionales.