El Gobierno moviliza 35.000 millones para acabar con la morosidad pública. Miles de empresarios tienen depositadas todas sus esperanzas en el plan para capear la recesión.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha prometido que saldará todas las deudas de los proveedores con las administración públicas. Pero detrás de este anuncio esperanzador hay mucha letra pequeña. Para lograr que los proveedores cobren, Montoro, en colaboración con el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha impulsado una macrooperación financiera con los grandes bancos para acabar con la morosidad de las administraciones públicas.

Aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se esforzó ayer en recalcar que se trata de datos provisionales, el que los ayuntamientos españoles sólo hayan reconocido facturas impagadas por valor de 9.584 millones de euros, frente a los 17.000 millones contabilizados por los propios proveedores no es un buen síntoma.

El plan extraordinario para pagar las deudas pendientes de las diferentes Administraciones está llamado a ser una de las medidas estrella de la legislatura, pero la resistencia de determinados alcaldes a desvelar en público sus vergüenzas amenaza con restarle eficacia. 

Quienes en su día adquirieron participaciones preferentes del Banco de Valencia están sintiendo ahora en sus carnes (y en sus bolsillos) los riesgos inherentes a estos títulos.

Uno de ellos es que el pago de los intereses está supeditado a que la entidad registre beneficios o posea un coeficiente adecuado de recursos propios. La entidad valenciana, intervenida por el Banco de España a finales de noviembre, no cumple ni lo uno ni lo otro, lo que ayer le llevó a anunciar que tampoco este trimestre podrá hacer frente al abono del cupón de sus preferentes, previsto para hoy, tras el impago en el que ya incurrió en diciembre.

Es una pésima noticia para los tenedores de dichas participaciones. Y no sólo porque los intereses no cobrados se pierden, sino porque la situación patrimonial de Banco de Valencia, cuyos fondos propios menguaron un 73% en 2011 y sus pérdidas rebasaron los 886 millones, no permite concebir esperanzas de recuperar dicho cobro en próximos trimestres.

Entre exclusivos yates y veleros que engalanan los puertos deportivos de la provincia malagueña, cada vez se cuela más chatarra flotante que sólo unos años atrás costaban miles de euros. Desde 2009 ha aumentado el número de los conocidos como barcos fantasmas que se encuentran anclados en los pantalanes o en dique seco deteriorándose al sol y al ambiente marino.

El sector náutico tampoco se ha librado de la crisis y aunque sea de forma moderada, varios son los puertos de Málaga que arrastran el castigo que la coyuntura económica ha impuesto a decenas de personas que han tenido que abandonar sus embarcaciones de recreo para no pagar el precio de atraque y su mantenimiento.

La mayoría de las instalaciones portuarias de la provincia ha tenido que lidiar con algún caso de este fenómeno. Pero la mayor preocupación de sus dirigentes radica en la lista de «personas que tienen dificultades para pagar los amarres cada mes y que con el paso del tiempo crece más», asegura Manuel Raigón, director general de Marinas del Mediterráneo, empresa concesionaria de los puertos de Estepona y Manilva.

En estos enclaves se ha ordenado en los últimos dos años el embargo y lanzamiento –la retirada física del barco del punto de amarre por orden de un juez– de más de 20 embarcaciones por impago de los alquileres. «La previsión que tenemos es que en pocos meses se agravará la situación», lamenta Raigón.