El Consejo de Ministros de hoy ha servido para explicar la operación financiera aprobada la semana pasada para pagar las deudas que ayuntamientos y comunidades autónomas mantienen con sus proveedores.

La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha anunciado que se utilizará un crédito sindicado por hasta 35.000 millones de euros. El plazo para devolverlo será de 10 años y habrá dos años de carencia, en los que solo se pagarán intereses. Después de cinco años iniciales, se llegará hasta los diez mediante un sistema de financiación o «rollover» del Tesoro.

Los mercados consideran que la deuda publica española tiene ya tanto riesgo como la italiana y así lo han reflejado en el diferencial que exigen a los títulos a 10 años de ambos países respecto a la deuda alemana, que al final de la jornada se igualaban con mínimas diferencias. La prima de riesgo española se situaba en 310,63 puntos básicos, frente a los 310,69 de la italiana. Durante la sesión, incluso, los inversores llegaron a exigir menos rentabilidad a los títulos transalpinos, algo que no sucedía desde agosto de 2011.

La evolución de ambos indicadores de riesgo se ha visto condicionada por el anuncio realizado desde Bruselas por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de que el déficit de las cuentas públicas españolas será este año del 5,8%, y no del 4,4%, tal y como se había pactado con la Comisión Europea.

La prima española iniciaba la jornada por debajo de 300 puntos básicos, subía a 312 en las primeras horas de la mañana y luego emprendía un descenso interrumpido por la comparecencia de Rajoy. La italiana arrancaba en 308 puntos básicos y escalaba a 320 más tarde, pero luego llegó a ceder momentáneamente por debajo de la prima de riesgo española.

Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, y Xavier Puig, presidente de la Confederació Empresarial de Tercer Sector, han denunciado que las administraciones púbilcas adeudan casi 900 millones de euros a las entidades sociales catalanas. De estos, 700 los adeuda la Generalitat, 160 las administraciones locales y 33 otras administraciones no catalanas.

La deuda, parecida a las que sufren los ayuntamientos catalanes en su conjunto, proviene de los pagos pendientes de contratos, convenios y subvenciones, es decir las tres principales modalidades de relación entre administración y entidades.

Según han informado ambos presidentes, esta deuda ya ha provocado una «situación crítica» en las arcas de las entidades sociales que ha provocado que algunas pequeñas entidades hayan tenido que cerrar, mientras que en otras se han visto obligadas a cancelar proyectos o recurrir a ERE. Cabe destacar que el 80% del presupuesto de todas las entidades se emplea en ocupar a unos 100.000 profesionales en toda Cataluña.

La pretensión del Gobierno de aminorar el montante total de la deuda de las Administraciones públicas con sus proveedores por la vía del pronto pago está encontrando más escollos de los esperados.

Las principales empresas de construcción y servicios, que han terminado convertidos en los mayores acreedores del Estado –junto a los laboratorios farmacéuticos y los proveedores sanitarios– a causa de la generalización de los impagos en el sector público tras el estallido de la crisis, se han cerrado en banda ante la posibilidad de asumir quitas voluntarias. No es de extrañar.

Debido a lo elevado de la deuda de las tres administraciones con estas compañías, que se aproxima a los 7.000 millones de euros, es previsible que el importe al que deberían renunciar (además de no exigir los correspondientes intereses de demora, en torno al 8%) sería también importante.

Los proveedores valoran positivamente la Ley aprobada por el Gobierno para acelerar el pago de la deuda contraída por las administraciones públicas, aunque critican que la norma de prioridad en el cobro a quienesperdonen parte de lo debido.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) -integrada por cerca de un millón de empresas que emplean a 4,5 millones de personas- considera este punto «injusto» y «preocupante» porque podría desatar «una especie de subasta de descuentos por parte de los proveedores para intentar cobrar antes». «Esto puede provocar que algunas empresas,a la desesperada, acepten una baja temeraria del importe por su imperiosa necesidad de cobrar», asegura Antoni Cañete, portavoz de la asociación.

La PMcM también ha explicado que la puesta en marcha de esta medida «creará una dinámica perversa que afectará de diferente manera a los proveedores según su sector de actividad, ya que no es lo mismo la estructura de costes de una empresa de servicios que de una empresa industrial, por lo que, empresas y sectores que tengan mayores márgenes serán las que tengan más privilegios para cobrar sus facturas pendientes».