El grave problema de liquidez de las Administraciones Públicas, cuya deuda pública se disparó un 17,3% durante 2011 hasta alcanzar los 140.083 millones de euros, está queriendo ser atajado por el Gobierno a través de diversas medidas recientemente aprobadas. ¿Son suficientes estas medidas?

En los últimos años, nos encontramos con dos hitos fundamentales en la lucha contra la morosidad de las Administraciones Públicas, explica Félix Plasencia, abogado del Estado en excedencia y socio de CMS Albiñana & Suarez de Lezo: «Por una parte, la reforma de la normativa de contratos de las Administraciones Públicas operada por la Ley 15/2010, de 5 de junio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Por otra parte, en el ámbito de la morosidad autonómica y local, los recientes reales decretos-leyes 4/2012 y 7/2012 de pagos a proveedores»

Cobratis se adapta a la reforma del proyecto de ley que modifica diversos aspectos de la hasta ahora en vigor reforma de procesos civiles para la recuperación de cuantías y saldos.

En este sentido, la anterior limitación de 250.000€ que acotaba este proceso queda eliminada equiparando el proceso monitorio a los de las leyes europeas.

«El objeto de este proyecto de Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Tales medidas son de distinto signo. Unas están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del orden penal, otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, y otras, en cambio, están orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales».