La tasa media del riesgo de impago de la economía española se situará en el 4,5% al cierre de 2012, según un informe elaborado por la compañía de gestión del riesgo comercial CESCE, que sitúa a los sectores constructor y de promoción inmobiliaria a la cabeza de la clasificación.

Los sectores de construcción, madera y mueble y textil, presentan un riesgo de impago por encima de la media y, en concreto, la construcción y promoción inmobiliaria se encuentran a la cabeza con una tasa media de incumplimiento del 5,81%.

A continuación se sitúan la madera y el mueble, con una tasa del 4,59%, y el textil, con el 4,58 % previsto. Por debajo de la media, en el extremo opuesto, destaca el sector químico y plástico, con una tasa del 3,07%; el agroalimentario, con el 3,53% de tasa media de incumplimiento esperada y la distribución alimenticia, con una tasa del 3,54%.

Por su parte, el estudio prevé una tasa de impago del 3,59% en el sector de papel y artes gráficas, del 3,6% en el de maquinaria, equipo eléctrico y electrónico, y del 4,31% en la siderometalurgia, muy cerca de la media nacional.

El informe de CESCE se basa en cálculos relativos a doce meses para los deudores en vigor en enero de 2012.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy que el Gobierno seguirá pendiente de que no se produzcan impagos a proveedores, por lo que «en España no se va a poder financiar nadie a través de no pagar a los proveedores», y para ello el Ejecutivo tiene los instrumentos.

Tras presentar en rueda de prensa los datos de la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en el primer semestre del año, Montoro ha respondido así a la pregunta sobre el mecanismo aprobado por el Gobierno para el pago de proveedores.

Montoro ha dicho que el Ejecutivo va a garantizar «de aquí en adelante» que no haya situaciones como las que se han producido de impago a proveedores, porque ello provoca que se «resienta mucho la economía productiva del país». «Vamos a estar muy encima» del pago a proveedores, ha recalcado Montoro, y para ello se utilizarán «todos los instrumentos disponibles».

Ha puntualizado que el mecanismo es «marca de la casa» y demuestra «hasta qué punto la función pública es capaz, cuando se moviliza, de hacer una gestión brillante».

En este sentido, ha recordado que tras identificar que había cinco millones y medio de facturas, se desembolsaron más de 27.000 millones de euros para el pago de las mismas y se cumplieron «estrictamente los plazos».

Esta semana se han emitido 20.000 millones de euros de bonos corporativos en Europa, la cifra más alta semanal desde septiembre de 2009.

Entre los principales emisores figuran algunas empresas españolas que habían sido expulsadas del mercado por el deterioro del riesgo país, como Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, Gas Natural Fenosa, Banesto, Iberdrola y el ICO. Al repunte se suma el de otros países periféricos, en especial Italia, cuya prima de riesgo, al igual que la española, ha disminuido sensiblemente. La situación dista de estar normalizada, como prueba el hecho de que en agosto la financiación de la banca española con el BCE haya alcanzado un nuevo máximo de 388.000 millones, con un crecimiento de más del 500% desde octubre de 2010.

Pero las bases están fijadas para una progresiva normalización del mercado primario a medida que las rentabilidades de la deuda de los países periféricos continúan moderándose en el secundario. En lo que respecta a España hay dos citas clave que pondrán a prueba a los mercados: la finalización de las auditorías bancarias, y la definición final que tome el paquete de ayuda de la Unión Europea. Con todo ello, la prima de riesgo debiera continuar moviéndose a la baja, con amplio recorrido todavía para ello, y ello significará mejor riesgo país que inmediatamente se trasladará a la percepción de las empresas españolas.

La deuda española en manos de inversores extranjeros se redujo a finales de julio a 194.573 millones de euros, su nivel más bajo desde el inicio de la crisis en 2008, según se desprende de los datos del Tesoro Público.

De acuerdo con dichos datos, los inversores foráneos han reducido de forma notable el volumen de deuda española en sus carteras, ya que hace un año, en julio de 2011, los no residentes poseían el 54% del total, frente al 34% del mismo mes de 2012.

Entre junio y julio pasados, los inversores extranjeros redujeron un 4,2% sus carteras de deuda pública española, aunque en los últimos doce meses el descenso ha sido mayor, del 35%.

De los 194.573 millones de euros en manos de inversores extranjeros en julio de este año, la mayor parte, 173.081 millones de euros, correspondían a bonos y obligaciones, en tanto que los 21.492 millones restantes eran letras.