El portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón y responsable de Educación, Pep Grau, ha advertido de que los impagos de la Generalitat «están poniendo en peligro el mantenimiento de los comedores escolares en muchos centros». Grau, en un comunicado, ha asegurado que el incumplimiento en la financiación «hace que las cantidades que deben asumir las madres y padres por el comedor escolar se haya duplicado» y, en algunos casos, «llega a ser de 8,5 euros diarios».

«El Partido Popular está causando un daño gravísimo a las familias de Castellón. No solo se está degradando y disminuyendo de forma radical la calidad de los servicios públicos, sino que se destruye, también, la posibilidad de conciliar la vida la vida familiar y la laboral en unos momentos marcados por la crisis», ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que los impagos de la Conselleria de Educación «se arrastran desde hace meses y las deudas han llegado a ser demasiado elevadas, en algunos casos superiores a los 60.000 euros, cantidades a las que no se puede hacer frente desde los centros escolares». «Ahora, la carga financiera corresponde a las madres y padres, precisamente cuando las economías familiares más se están resintiendo por la gravedad de la crisis», ha señalado.

El Grupo Parlamentario Popular defenderá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que pide a la Cámara que inste a la Junta a convocar «de forma inmediata» una reunión con las asociaciones y entidades sociales de Andalucía para consensuar un plan de pago «urgente» que permita saldar la deuda que mantiene con ellas y garantizar el cumplimiento puntual y estricto de los compromisos de pago para la prestación de los servicios.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los ‘populares’ demandan también que la Junta habilite los mecanismos necesarios para que en el caso de la imposible satisfacción de las deudas contraídas por la Administración andaluza con las asociaciones y entidades sociales, estas puedan realizar operaciones de crédito con entidades bancarias a cargo de la Junta que cubran las cuantías debidas y el pago de intereses generados.

De igual modo, el Grupo Parlamentario Popular reclama al Gobierno andaluz que se cumplan los compromisos de concertación de plazas u otros compromisos de prestación de servicios adquiridos por la Junta de Andalucía, con la finalidad de salvaguardar las importantes inversiones que han llevado a cabo dichas asociaciones y entidades.

La Administración pública sigue adeudando centenares de millones a grupos de construcción y servicios a través de organismos que, como las mancomunidades y consorcios, quedaron fuera del plan de pago a proveedores. Algunas de las mayores empresas están reabriendo el debate de la morosidad y preparan un frente de presión en el seno de CEOE.

La banca española atraviesa la situación más crítica de las últimas décadas. A la espera de la inyección de dinero proveniente del fondo de rescate europeo, las cifras de negocio siguen deteriorándose a ojos vista. La que más, el ratio de créditos en mora. A día de hoy, casi uno de cada diez euros que ha prestado el sector es considerado de dudoso cobro, y la estadística empeora a toda velocidad.

Los dos decretos promulgados por el Gobierno han obligado a los bancos y cajas españoles a acelerar el saneamiento de sus balances y afrontar, por fin, el fuerte deterioro de sus carteras crediticias. Y esto ha llevado a la clasificación de miles de millones de euros de préstamos buenos como créditos morosos. En términos absolutos, el volumen de préstamos impagados ascendía en junio a 164.300 millones de euros, lo que representa el 9,42% de la cartera crediticia. Este dato es el peor registrado desde que el Banco de España comenzó a hacerlo público, hace 50 años.

La cifra de junio no solamente es la peor de la historia española en términos absolutos y relativos, sino que también indica una fuerte aceleración en el ritmo de deterioro de los balances. El incremento de préstamos dudosos respecto al mes anterior fue de 8.387 millones de euros, lo que representa la tercera peor subida mensual. Desde comienzos de 2009, cuando España entró en recesión económica, igual que ahora, no se había producido un dato tan malo.