Las relaciones personales o profesionales entra la parte

acreedora y deudora influyen de forma considerable a la hora de la reclamación

de la deuda.

Algunos acreedores piensan que forzar la situación de forma

coactiva e intimidatoria es la solución para el cobro de esta deuda. Cobrar una

deuda por las malas nunca es la solución y puede ser la solución que tenga el

deudor para no hacer frente al cobro de la deuda tan sólo poniendo una denuncia

por amenazas al acreedor.

Pese a que la postura del acreedor en muchas ocasiones es

muy difícil de cara a mantener la compostura, ese esfuerzo ha de realizarse,

mantener sangre fría y derivar al cobro de este impago a una empresa de recobro

especializada o bien a un despacho de abogados que gestionen esta situación.

Esto nos ahorrará cómo acreedores quebraderos de cabeza y

ante todo, evitar situaciones que nos expongan de cara a nuestro deudor.

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Ocurre en numerosas ocasiones que algunos de nuestros

clientes nos plantean si la cesión de los datos de los deudores les debe de

plantear algún tipo de problema con la LOPD o LSSI.

Dependiendo del uso de estos datos, se estaría incurriendo o

no en una mala práctica que atentaría contra el derecho a la privacidad de una

empresa deudora.

Si los datos de nuestros clientes no recogen datos sensibles

cómo enfermedades, estado civil, patologías u otras circunstancias de carácter personal,

nuestro fichero de protección de datos sería del tipo básico pues únicamente

recoge aquellos datos fiscales que necesitamos para el desempeño y prestación

de nuestro trabajo, producto o servicio.

Sin embargo, cuando cedemos datos que si atentan contra la

privacidad del deudor, sí que podríamos estar incurriendo en un delito de

protección de datos salvo que el uso de los mismos esté destinado a un fin que

prevalezca sobre este derecho.

Por ejemplo, en un procedimiento de divorcio, si este ha de

efectuarse de forma contenciosa, obviamente la parte dimanante deberá de

facilitar a su abogado todos los datos relativos al matrimonio sin que estos

intercedan con la LOPD pues el uso es destinado a un procedimiento judicial.

En un proceso de reclamación de una deuda, ocurre una circunstancia

en cierto modo similar. Nosotros cómo acreedores, podemos ceder los datos de

nuestra deuda sin interferir con la LOPD o LSSI a una o varias agencias de

cobro de impagados que hagan el uso necesario y exclusivo de dichos datos para

la reclamación de la cuantía, eliminando estos de sus bases de datos tan pronto

el servicio ha sido finalizado.

En conclusión, nuestro derecho cómo acreedores prevalece

cómo derecho pues para poder ejercitar el derecho a cobrar un saldo impagado,

hemos de facilitar los datos de nuestra factura o contrato que ha derivado en

impago a aquellos profesionales que van a hacer uso de estos datos para

prestarnos el servicio de cobro de esta deuda.

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