Sin lugar a dudas una de las consecuencias directas que derivan de la crisis del COVID 19 es la falta de liquidez que muchas familias atraviesan en España motivadas por la destrucción del empleo y la incertidumbre de los ERTES

Según los datos con los que trabajamos, comienza en el país lo que posiblemente sea una de las épocas más duras en cuanto a impago de arrendamiento de bienes inmuebles.

RECLAMAR UNA DEUDA O IMPAGO DESDE 30€

Tarifas para cobrar una sóla deuda – Tarifa plana para cobrar varias deudas

Los propietarios lo saben, los inquilinos empiezan a plantear problemas de pago y retrasos, por lo tanto, temen un impago de sus rentas a corto o medio plazo.

Cómo consecuencia directa, las compañías aseguradoras que ofrecen el seguro de impago de alquiler, están notando un incremento más que considerable en las contrataciones de este tipo de pólizas que en épocas de crisis, su contratación se ve fuertemente demandada.

El principal problema que ahora se plantea en este tipo de contrataciones de seguros es precisamente la aprobación de cobertura al inquilino.

En el actual esceneario económico que se plantea, será muy complicado por no decir que muy poco probable poder asegurar el impago de las rentas estando el inquilino en situación de desempleo o expediente de regulación de empleo y muchas de las pólizas de este tipo serán rechazadas por las aseguradoras.

El descuento en las cuotas de alquiler cómo medida preventiva.

Muchos propietarios están optando cómo medida paliativa al impago, ofrecer rebajas en el pago de las rentas mensuales a los inquilinos que han planteado problemas de liquidez transitorios acreditados y que han sido consecuencia de la pérdida de empleo o bajada salarial.

En los alquileres comerciales en los que los inquilinos han visto su actividad económica y profesional paralizada forzosamente por el estado de cuarentena han optado por negociar con los propietarios una carencia temporal hasta el reinicio de la actividad o bien un descuento sobre el pago de la renta durante el estado de cuarentena.

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Al igual que otros

sectores afectados por la actual crisis

del COVID19, las agencias y portales dedicados a la venta de viajes y paquetes vacacionales comienzan a sufrir los primeros

impagos por cancelación de viajes para el próximo período

vacacional.

 

RECLAMAR UNA DEUDA O IMPAGO DESDE 30€

Tarifas para cobrar una sóla deuda – Tarifa plana para cobrar varias deudas

La actual

situación de tanto económica cómo de ausencia de certeza sobre

cuando se podrá retomar la actividad turística ha llevado al impago

de muchos de los viajes que han sido reservados de cara a esta

primavera y verano.

 

En concreto son

las modalidades de pago fraccionado las que están atravesando la

avalancha de impagados ya que muchos de los usuarios a los que no se

les ha reembolsado el importe, han optado directamente por dejar de

pagar el viaje.

 

Los seguros de cancelación y su

papel en el COVID19

 

En el caso de los

viajes que se pretendían desarrollar durante los meses de verano,

algunas compañías aseguradoras no vienen atendiendo las demandas de

los usuarios que solicitan la cancelación del viaje por estado de

pandemia mundial.

 

Ello se debe a que

el viaje en la actualidad se encuentra en vigor y no se sabe a

ciencia cierta si en los meses de verano será posible el

desplazamiento entre países.

 

¿En que posición queda el usuario

en la cancelación de su viaje?

 

Es posible que

pese a que se levanten las restricciones de movilidad entre países,

los viajeros sean reticentes a llevar a cabo el desplazamiento cómo

medida preventiva para evitar un hipotético contagio en el país

vecino o bien quedar aislado en dicho país en caso de rebrote.

 

En estos casos y

si se permite tanto en el país de origen cómo en el de destino los

vuelos y entrada de turistas, el viajero no podrá pedir

responsabilidad civil ni a la agencia ni al seguro contratado ya que

se trataría de una decisión voluntaria la de la cancelación del

viaje.

 

En caso de impago del viaje por

parte del cliente.

La agencia se

reservaría el derecho de reclamar la deuda al cliente incluyendo

todos aquellos intereses y gastos que pudiesen acarrearse y fruto de

dicha cancelación (siempre y cuando ésta sea voluntaria) y no

obligatoria por un nuevo estado de alarma o limitación de viaje.

 

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