La ley de morosidad es una herramienta legal promulgada el 3/2004 del 29 de diciembre para tomar medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales. Es decir, busca que se cumplan los plazos legales o contractuales de pago de parte de los deudores. También, es una ley que previene abusos en la fijación de plazos de pago
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Esta ley se aplica a deudas convenidas entre empresas y administraciones públicas, contratistas y subcontratistas. Pero, no se aplica a los consumidores, ni al pago de cheques, pagarés, tampoco a letras, ni pago de indemnizaciones de empresas de seguros. Además, se excluyen deudas reguladas por otras normativas.
La Ley de Morosidad previene impagos y deudas, problemas que están regulados pero que generan una serie de dificultades administrativas y financieras a muchos negocios y que incluso, pueden causarles situaciones mayores como el cierre. Los autónomos también pueden tener problemas con la morosidad, ya que pueden ver afectado su nivel de liquidez.
Qué regula la Ley de Morosidad
Con la modificación de la ley de morosidad vigente desde el 2013, se fijaron los plazos máximos para el pago de las operaciones comerciales, los cuales son de 60 días para la empresa privada y 30 días para las Administraciones Públicas, desde que se hacen efectivos la entrega del producto o prestación de servicios.
Esta normativa legal permite el reclamo de intereses demora y también la posibilidad de reclamar indemnizaciones por el coste del cobro. Pero, muchas veces los acreedores no realizan ese tipo de reclamos para no generar más demoras en el cobro.
Plazos reglamentarios
El
Real Decreto-Ley 4/2013, establece un plazo de 30 días como límite de pago, desde la entrega de bienes o servicios facturados, si en el contrato no se fija el plazo máximo para pagar de 60 días.
El proveedor tiene el deber de hacer entrega de la factura, en un plazo menor a quince días, desde la entrega del producto o prestación del servicio.
El inicio del plazo pactado para el pago, se marca de manera irrefutable con la fecha de la factura, sobre todo si es en formato electrónico y los plazos para la verificación y aprobación de la entrega de productos o de prestación de servicios, son de treinta días, pero luego de que el receptor verifique y apruebe, se tiene otro plazo de treinta días adicionales.
Es decir, se puede convenir el plazo, pero no puede ser superior a 60 días naturales. También, pueden agruparse varias entregas de productos, bienes o servicios en una sola factura, pero los plazos de cobranza no pueden pasar de un lapso mayor a los quince días, entre las mismas.
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Cuándo se pueden cobrar intereses demora
El pago de intereses demora se puede exigir, cuando no se produce el pago de la deuda, dentro del plazo convenido entre el comerciante y el deudor. También, es necesario el cumplimiento de todas las obligaciones del acreedor, como las entregas de productos y prestación de servicios, para poder reclamar los intereses demora.
Tipo de interés
El interés de las deudas comerciales debe fijarse en el contrato, pero en caso de no haber convenido al respecto, la Ley establece el interés del Banco Central Europeo, el cual es publicado cada semestre por parte del Ministerio de Economía.
Gastos de gestión de cobro
El acreedor puede cobrar los gastos de gestión de cobro, siempre que cuente con la acreditación con documentos para efectuar dicho cobro, el cual tiene como cifra mínima por el concepto de gastos de cobro de 40 euros. Pero, en caso de que el deudor no tenga culpabilidad de que se acumule el impago, no está obligado a pagar dicha indemnización por gastos de cobro.
Cláusulas abusivas en el contrato comercial
Las cláusulas abusivas se consideran nulas en el contrato, ya que pueden ser un desvío de la práctica comercial, dado que dan liquidez al deudor en perjuicio del acreedor, cuando se imponen injustificadas a subcontratistas.
La Ley de Morosidad, considera nulos y abusivos a los intereses de demora o de gestión de cobro, cuando establecen intereses demora de un 70% inferior al legal, a menos que pueda demostrarse un motivo de peso que los justifique.
Los acreedores como asociaciones de empresarios, colegios de profesionales, autónomos y agricultores pueden defender a sus miembros y reclamar ante tribunales o administraciones las condiciones abusivas en contratos comerciales. Los jueces que declaren nulos convenios con cláusulas abusivas, deben sentenciar en base a la buena fe, buenos usos y a la aplicación de la Ley.
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Importancia de la reserva de dominio
La cláusula de reserva de dominio asegura al vendedor la propiedad de los bienes vendidos en crédito hasta que el deudor efectúe el pago convenido. Cuando un tercero asume el pago de la deuda, puede recibir el derecho sobre los bienes afectados por la reserva de dominio, dado que retiene la documentación que acredita la propiedad.
Objetivos de la Ley de Morosidad
Tiene el objetivo de evitar el grave problema de desfase en la liquidez financiera en las empresas públicas y privadas a consecuencia de la morosidad. También, tiene el objetivo de evitar cierres de negocios en las diferentes ciudades y comunidades de España, facilitando las medidas legales para disminuir el problema de la morosidad.
La aprobación de la Ley de Morosidad, es un logro de autónomos y representantes de Pymes quienes concienciaron sobre la importancia de encontrar soluciones y tener plazos de pago más lógicos, al estilo europeo.
En ese sentido, la plataforma multisectorial contra La Morosidad, aporta datos anuales sobre el problema y refiere la disminución del porcentaje de morosos, en los años siguientes a la modificación de la Ley, aunque la meta planteada por la Ley, en cuanto al cumplimiento a los plazos de pagos, aún es mejorable, sobre todo con la crisis de impagos post pandemia.
También, explican que la Ley de Morosidad obliga a las Administraciones públicas a la defensa de los derechos, al cumplimiento de las obligaciones y a promover las buenas prácticas comerciales. Así como, a implementar sistemas extrajudiciales para la resolución de conflictos mediante la mediación y arbitraje, aunque no son obligatorios para las partes.
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