Uno de los mayores dramas que vive hoy la economía española es la mortalidad de empresas, sobre todo de pequeño tamaño, derivada de la morosidad de las administraciones públicas.

Se calcula que esa deuda está próxima a los 40.000 millones de euros y su impago está provocando una reacción en cadena que deja en situación muy precaria a todo tipo de proveedores, muchos de los cuales dependías en gran medida de sus ventas al serctor público.

El Gobierno es consciente de la gravedad del problema y ha articulado un mecanismo para obligar a los ayuntamientos a ir cumpliendo sus compromisos. Se trata de una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la que los consistorios tendrían que acogerse obligatoriamente para ir pagando sus facturas pendientes. La obligatoriedad es el elemento crucial en esta medida, ya que hasta ahora los municipios se habían negado a acogerse a las líneas de financiación abiertas argumentando que las condiciones financieras no eran adecuadas.