La Administración pública sigue adeudando centenares de millones a grupos de construcción y servicios a través de organismos que, como las mancomunidades y consorcios, quedaron fuera del plan de pago a proveedores. Algunas de las mayores empresas están reabriendo el debate de la morosidad y preparan un frente de presión en el seno de CEOE.
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