El incremento de morosos en España, tanto particulares como empresas, en los últimos meses es evidente: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

señala un aumento de casi el 48% de efectos impagados respecto del año

anterior en cantidad de deudas, porcentaje que, en términos

cuantitativos, hace más evidente la crisis, ya que alcanza el 121%

interanual.

Estas deudas tienen diversas procedencias y pueden

corresponder a créditos personales, hipotecarios o empresariales,

deudas por impuestos municipales o por falta de pago de la luz, el

teléfono o por cualquier clase de operación asentada en los registros

bancarios. ¿Es posible acabar en la cárcel por esta razón?

La respuesta es un rotundo «no», y se debe a una cuestión

legislativa: el Código Penal español no establece como delito el que

una persona física o jurídica por su situación económica se vea incapaz

de pagar una deuda contraída en el pasado.

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