La

principal novedad de esta reforma, que será de aplicación a todos los contratos

celebrados desde su entrada en vigor el pasado 7 de julio, es la imposición por

ley de plazos máximos de pago por parte de empresas y administraciones públicas

a sus proveedores, eliminándose la posibilidad de pacto en contrario que hasta

ahora existía. No puede obviarse, sin embargo, cierta incoherencia con ello

cuando el artículo 9.1 de la Ley 3/2004, modificado apenas para actualizar las

referencias a otros preceptos enmendados, sigue manteniendo la nulidad, por

considerarlas abusivas, de cláusulas que difieran en perjuicio del acreedor del

plazo de pago establecido “con carácter subsidiario” sin que el deudor tenga

“alguna razón objetiva para apartarse” de él.