La generalización de los impagos de las administraciones públicas dejan pocas salidas a las empresas acreedoras. En un contexto de restricción del crédito y escasez del negocio (incluida la menor licitación de obras públicas), no sólo las pequeñas y medianas empresas se ven ahogadas financieramente por estas malas prácticas del sector público, también las grandes compañías.

n el caso de las constructoras, al descenso de la obra civil se suma la creciente morosidad que soportan sus filiales de recogida y tratamiento de basuras –Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial), Sufi (Sacyr) o FCC–. El impago de 3.200 millones de euros, adelantado por EXPANSIÓN el pasado mes de abril, ha llevado a las empresas a reclamar la deuda ante los tribunales, después de no haber obtenido una respuesta satisfactoria del Gobierno central. 

Fuente: Expansión.com